El defensor del Pueblo de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (Caba) y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), Alejandro Amor, y su par de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, encabezaron este miércoles en Capital Federal un encuentro junto a integrantes de Adpra, a defensores del Consumidor, representantes de la Inspección General de Justicia (IGJ) y referentes de las automotrices que comercializan planes de autoahorro en el país, donde dialogaron sobre la situación que plantean los ciudadanos en las distintas defensorías de la Argentina, vinculada principalmente a la imposibilidad de afrontar los aumentos de las cuotas.
En este sentido, Amor y Lamberto, con la adhesión de los integrantes de Adpra, presentaron a las automotrices una serie de propuestas “que tienen por objetivo dar respuesta al segmento más perjudicado, que es el de menor poder adquisitivo”.
Las propuestas presentadas constan de una serie sugerencias entre las que se encuentran el diferimiento de la cuota, la libre elección del seguro, la valuación del vehículo a tener en cuenta al momento de establecer el valor de la cuota y el tope de aumento del valor móvil de la unidad.
En la presentación también se plantea la exención del cobro de multas por renuncia, la disminución de los gastos administrativos, y la exención de ciertos gastos de cobranza extrajudicial, abriendo la posibilidad de facilitar negociaciones de cancelación de saldos de deuda.
El defensor santafesino y su par de Caba también hicieron hincapié en la “necesidad de abordar esta temática desde una óptica que permita sostener el modelo de negocio, ya que éste da respuestas positivas tanto a las empresas como a los consumidores, pero sin desatender la situación de tantos ciudadanos que por la actualidad económica del país se ven impedidos de afrontar los compromisos asumidos corriendo el riesgo, en algunos casos, de llegar a la ejecución del auto prendado”.
Por su parte, las automotrices recibieron las propuestas y señalaron que evaluarán la posibilidad de algún tipo de respuesta, a la vez que solicitaron a las defensorías que hagan llegar las denuncias recibidas en cada una de las instituciones para evaluar los casos en forma individual.