El defensor del Pueblo a cargo Gabriel Savino junto a la coordinadora de jueces de Menores 2da Circunscripción, Dolores Guarrochena, encabezaron este miércoles una reunión para abordar las problemáticas que atraviesan la comunidad educativa, las familias y los niños, niñas, adolescentes. Del encuentro participaron Carlos Giner, ex jefe de Departamento Educación Secundaria y Técnica Zona Sur, Daniela Ghiorzi, directora provincial del Centro Territorial de Denuncias, Manuel Prado, director general en Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Victor Jaef, director del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, integrantes del área Socio Educativo del Ministerio de Educación y equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tras el encuentro Savino explicó que “las problemáticas que atraviesa la comunidad educativa no son ajenas a la realidad social que está presente en la ciudadanía. La desintegración de las estructuras familiares y su entorno, donde interactúan escuelas, clubes, como así también en los espacios donde se desarrollan las relaciones digitales, evidencian un deterioro que escala los conflictos dinamitando las relaciones y la convivencia pacífica”.
En este sentido, especificó que “desde la Defensoría del Pueblo y la DNNYA contamos con un diagnóstico basado en datos institucionales relevados cotidianamente y a lo largo del territorio provincial”, y agregó: “En este marco podemos afirmar que los indicadores son negativos, dado que los conflictos escolares se encuentran incrementándose en las aulas y muchos se escalan hasta terminar en los juzgados de menores”. Y ampliando la idea advirtió: “Ante esto, consideramos, desde una visión propositiva que reconocer las situaciones nos generan conocimientos para gestionar, tornándose en la forma de romper un círculo vicioso de una realidad que debería ser mucho más humana”.
Al respecto, Savino renovó el compromiso institucional: “El compromiso que asumimos, en este tipo de problemáticas, desde que estamos a cargo de la DPSF y de la DNNYA, se centra en gestionar con transparencia y promover acciones para desescalar la conflictividad social, procurando una cultura de paz, creando así valor público de la gestión para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia”.
Los participantes coincidieron en la necesidad de que la próxima gestión de gobierno ponga el tema de niñez, adolescencias y familia en un rango en la Ley de Ministerio a sancionarse oportunamente, como así también la necesidad de discutir la reforma constitucional dentro de la provincia de Santa Fe, que fuera sancionada a mediados del siglo pasado, e incluir en ella los tratados, convenciones y normativas que den garantía a la protección de niñas, niños y adolescentes.
Por último, también señalaron que se trabajó sobre la base del trazado de una "Ruta crítica institucional", en la que están atravesados los tres poderes del Estado y cada dependencia evaluándose los mecanismos administrativos de la gestión de las problemáticas, de lo que se hace y no se hace, tanto por acción u omisión, desconocimiento o falta de articulación entre los efectores de 1º y 2° nivel, desde la intervención primaria en un conflicto hasta la potencial judicialización del mismo.