El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este lunes de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para tratar la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (pist) que el Estado tomará a su cargo en el marco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino. En ese marco, la institución insistió con la necesidad de llevar adelante una auditoría para determinar el precio de gas y desdolarizar las tarifas, entre otras cuestiones.
Durante su participación a través de videoconferencia, el defensor santafesino comenzó resaltando la importancia de la realización de las audiencias públicas y recordó que en el fallo Cepis la Corte Suprema determinó que estas eran indispensables para fijar las tarifas de los servicios públicos.
A continuación. solicitó al Estado nacional “avanzar sobre una auditoría del precio del gas” que tenga “participación de las defensorías del Pueblo y las universidades”. Esta solicitud ya había sido planteada en la audiencia llevada a cabo en marzo de 2017.
Lamberto también insistió con la necesidad de desdolarizar el precio del gas, como ya solicitaron anteriormente las defensorías, y señaló que esto “se justifica en la actualidad con una importante volatilidad del tipo de cambio”.
También pidió “profundizar y mejorar” el Programa Hogar, para que el subsidio implique cubrir un porcentaje importante para la compra de gas envasado, la Tarifa Social para personas y para entidades de bien público.
El defensor santafesino señaló que actualmente el Estado asume el 55,7 por ciento del valor pist, que para los usuarios de esta zona el valor afrontado por los usuarios es de 6,80 pesos por metro cúbico y que de retirarse la ayuda el valor pasaría a 13,93 pesos para 2021. Advirtió entonces que, de acuerdo a la información disponible, falta “determinar por parte del Estado cuánto cubrirá mediante subsidios y cuándo deberá pagar el usuario en sus facturas”.
El funcionario provincial también dijo que, si se consideran los recursos afectados en el presupuesto para este rubro, el Estado afrontaría el 37 por ciento del costo del pist, lo que implicaría que el usuario pasaría a pagar 8,75 pesos por m3, “lo que conllevaría un incremento de entre el 17 y el 23 por ciento en la tarifa final sin contar impuestos y sin los aumentos en el transporte y distribución”. “Como vemos, el aumento sería considerable aún sin contar los demás rubros que componen la tarifa”, subrayó el defensor.
Lamberto también se preguntó “qué va a pasar con la tarifa social”. Y advirtió: “En 2 años se pasó de bonificar el ciento por ciento del precio del gas a los beneficiarios a bonificar solo una cantidad determinada de metros cúbicos según el mes y la región. A esto se le suma que la cantidad de beneficiarios cayó un 39 por ciento en el año 2020 comparado con 2017. Como defensoría siempre proclamamos sostener la Tarifa Social como una bonificación total del precio del gas y ampliando el universo de beneficiarios pudiéndose avanzar mediante un sistema de georreferenciación y hogarización”.
El defensor del Pueblo también manifestó que es “necesario retomar el programa con beneficios considerables para los usuarios” que ahorren consumo de gas natural.
Finalmente, Lamberto señaló una “duda generada a partir del análisis del informe acompañado por la Secretaría de Energía, respecto de la implementación del Plan de Promoción de la Producción de Gas Natural”, ya que este contiene la información obrante en el presupuesto sin referencia a las eventuales estimaciones del Banco Central. “Vemos que para diciembre el tipo de cambio expresado es de $126,45. Esto nos genera la incógnita de por qué se toma ese tipo de cambio si las proyecciones presupuestarias son de un dólar de $102,40”, advirtió.
Audiencia pública por la tarifa de transporte de gas
Este martes se realizará la audiencia pública para determinar el valor de la tarifa de transporte del gas natural, que representa alrededor de un 60 por ciento del valor final del precio que abonan los usuarios. La Defensoría del Pueblo de la provincia también participará de ella reiterando la necesidad de que las tarifas sean accesibles y las actualizaciones graduales y razonables.
