El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarella; el secretario de Gestión Estratégica de la Universidad Católica de Santa Fe, Néstor Héctor Dona; el decano de la Facultad Tecnologica Nacional delegación Santa Fe, Eduardo Donnet; el subsecretario de Bienestar Estudiantil de la UTN. Santa Fee, Leandro Pochettino; el presidente de la Federación Universitaria del Litoral, Franco Maggi; y el presidente del Centro de Estudiantes de la UTN, Francisco Bugna, plantearon que muchos jóvenes enfrentan dificultades para alquilar debido a la falta de garantías propietarias y recibos de sueldo, una condición que suele ser excluyente para el trámite.
Abundaron en que esta situación afecta a muchos estudiantes de la cercanía a la ciudad que no tienen tales garantías, pero es un problema casi irresoluble para quienes llegan desde punto alejados de la provincia o del país porque, aunque las posean éstas suelen ser de otras jurisdicciones por esa razón no se las aceptan.
El seguro de caución es un contrato por el cual una compañía aseguradora asume el riesgo de que eventualmente el inquilino incumpla con sus obligaciones, comprometiéndose a cubrir el pago de alquiler y otros gastos como daños en la propiedad. Este tipo de seguro ofrece seguridad tanto a los propietarios tanto como a los estudiantes, brindando una solución ágil y confiable en lugar de las garantías tradicionales.
“Un seguro de caución podría resultar una herramienta fundamental para garantizar que los estudiantes, quienes en su mayoría no cuenten con familiares propietarios que puedan actuar como garantes, tengan una alternativa viable para acceder a una vivienda digna. En este contexto, se les propuso a las funcionarias que los seguros de inclusión se consideren como una solución inclusiva y accesible, permitiendo a los jóvenes resolver el problema con mayor facilidad”, enfatizó Henn en coincidencia con la opinión de las autoridades universitarias y de los dirigentes estudiantiles.
Por su parte, las funcionarias ministeriales plantearon que se encuentran trabajando en este sentido con los distintos actores que intervienen en el trámite de celebración de los contratos de locación, comprometiéndose a trabajar en conjunto.
Todas las partes coincidieron en evaluar el diálogo como un avance y ratificaron el convencimiento de que el diálogo entre las instituciones educativas y el gobierno, permita encontrar la solución que se requiere.