La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina mantuvo una reunión el pasado día miércoles 22 de junio, con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, para plantearle la difícil situación que atraviesan las distintas provincias luego de los incrementos producidos en las tarifas de los servicios públicos, y solicitarle la ampliación de la Tarifa Social a todas las entidades sin fines de lucro y clubes de barrio.
En el encuentro los Defensores le entregaron a Aranguren un petitorio en el que transmiten su "más profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, aguas y saneamiento y gas natural), que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales, sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios".
Asimismo, subrayan que "los servicios públicos domiciliarios son servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales, ya sea por empresas públicas o mediante concesionarias privadas controladas por organismos estatales. Bajo cualquier modalidad, la prestación de estos servicios públicos esenciales procura entonces la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. Por consiguiente, las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la jurisprudencia en la materia".
Por ello, le solicitaron:
Adoptar las medidas necesarias tendientes una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados, convocando a una audiencia pública en todo de acuerdo con lo establecido en el art. 42 CN, readaptándolos a criterios de razonabilidad y justicia, para que la adecuación tarifaria que se pregona sea verdaderamente gradual y progresiva, sin que ello afecte los derechos fundamentales de los usuarios a recibir servicios de públicos indispensables para el desarrollo de una vida digna.
Ampliar los requisitos para el acceso a la tarifa social en cada uno de los servicios públicos -tal como ya lo hemos peticionado en otras oportunidades- procurando criterios de admisión flexibles y no taxativos, que les permita ser incluidos a todos aquellos que lo necesitan.
Implementar mecanismos ágiles, eficientes y accesibles, tanto en las empresas prestatarias como en los entes reguladores respectivos, que faciliten las peticiones de los usuarios dirigidas a acceder a los beneficios de la tarifa social.
Instruir a las empresas prestatarias y a los entes respectivos a adoptar medidas dirigidas a evitar el corte o interrupción total del suministro de los servicios por falta de pago, debiéndose contemplar otras medidas alternativas para todos aquellos usuarios/as que no puedan afrontar los incrementos establecidos en los nuevos cuadros tarifarios.
Implementar mecanismos ágiles, eficientes y accesibles, tanto en las empresas prestatarias como en los entes reguladores respectivos, que faciliten las peticiones de los usuarios dirigidas a acceder a los beneficios de la tarifa social.
Instruir a las empresas prestatarias y a los entes respectivos a adoptar medidas dirigidas a evitar el corte o interrupción total del suministro de los servicios por falta de pago, debiéndose contemplar otras medidas alternativas para todos aquellos usuarios/as que no puedan afrontar los incrementos establecidos en los nuevos cuadros tarifarios.
Implementar de manera urgente el régimen tarifario específico para las entidades de bien público, previsto en la Ley nacional 27.218, para que todas las entidades comprendidas puedan acceder a dicho beneficio, debiéndose adoptar medidas urgentes para evitar el corte o interrupción del suministro de los servicios públicos en dichas entidades, hasta tanto no se aplique la mencionada ley.
Participaron del encuentro el Defensor del Pueblo de CABA y Presidente de ADPRA Alejandro Amor, la Defensora del Pueblo Adjunta de CABA María América González, la Defensora del Pueblo de Escobar Rocío Fernández, la Defensora del Pueblo de la Matanza Silvia Caprino, el Defensor del Pueblo de Tucumán Fernando Said Juriel, el Defensor Corrientes Javier Rodríguez,el Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba Hugo Pozzi, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto Guillermo Rivas, el Defensor del Pueblo Ajunto de Santiago del Estero Lionel Enrique Suárez, el Defensor del Pueblo de Paraná Luis Garay, la Defensoría del Pueblo de Santa Fé Luciano Leiva y Analia Colombo, el Defensor del Pueblo de Jujuy Ricardo Pierazzoli, la Defensoría del Pueblo de San Juan Julio Cesar Orihuela y Rodolfo Clavel, la Defensora del Pueblo de Bariloche Andrea Galaverna, la Defensora del Pueblo de Vicente López María Celeste Vouilloud y Secretario General Enrique Picasso, el Defensor del Pueblo de Morón Abraham Gak, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Director Eloy Gómez Raverta y el Defensor del Pueblo de Pilar Juan Pablo Trovatelli.