El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, expuso en el Seminario Web “Pandemia, crisis de DDHH, retos para las Empresas en la garantía de los derechos” que se desarrolló el jueves 5 de noviembre y fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Colombia. La apertura de la jornada estuvo a cargo del defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Ernesto Camargo Assis, y luego se dio lugar al primer panel que tuvo como objetivo reflexionar sobre el deber empresarial de respetar los derechos humanos en tiempo de pandemia.
En la apertura del evento, el defensor del Pueblo de Colombia expresó que: “Desde la Defensoría queremos ser articuladores de las soluciones que nuestra sociedad demanda, queremos ser facilitadores y queremos que sepan que somos una herramienta a su servicio que todos los sectores vean en nosotros un aliado para la protección de sus derechos y para el fortalecimiento de las condiciones de bienestar y dignidad de toda nuestra gente”, y enfatizó: “Quiero ratificar el compromiso indeclinable de trabajo por el fortalecimiento de ese binomio entre Estado y empresa, teniendo como premisa mayor a nuestros derechos humanos”.
Tras la presentación, se desarrolló el panel inicial que junto al defensor santafesino lo completaron Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz; la antropóloga, Donna Catalina Cabrera Serrano; Julián López, de la Universidad de la Sabana y Alvaro Amaya, experto regional para Latinoamérica y el Caribe Instituto Danés para los DDHH.
Durante su alocución, Lamberto hizo un repaso de los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y señaló que estos Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos establecen que: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio, o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, y que las empresas “deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”, y agregó: “Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias”.
Posteriormente Lamberto recordó la agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas, y detallo: “La Agenda 2030 convoca expresamente a los Estados, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a todas las empresas, al mundo académico y al resto de actores a definir estrategias y tomar acciones de contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, considerando siempre un enfoque de derechos humanos”.
En este sentido, enfatizó en la solicitud de la ONU que señala que “en vista de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el sector agroalimentario, es preciso llevar adelante medidas urgentes para garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en funcionamiento con el fin de mitigar el riesgo de grandes perturbaciones que puedan afectar de manera considerable a todo el mundo, en especial a las personas pobres y más vulnerables”.
Luego, se refirió a la situación actual de la Argentina donde “los resultados del primer semestre de 2020 correspondientes al total de aglomerados urbanos registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 30,4%, donde residen el 40,9% de las personas y dentro de este conjunto se distingue un 8,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 10,5% de las personas”.
La exposición continuó destacando los beneficios sociales activos en Argentina durante la pandemia entre los que enumeró la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo, y el Régimen de reparación económico para las niñas, niños y adolescentes. A estos beneficios también agregó las medidas implementadas durante la pandemia como el Ingreso Familiar por Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Plan Argentina contra el Hambre.
Durante el desarrollo también abordó el rol de la Economía Solidaria y las distintas experiencias argentinas al respecto entre las que nombró: Cooperativas, Mutuales, Asociaciones, Empresas Recuperadas, Ferias Francas, Redes de Comercio Justo, Entidades de Microcréditos, Empresas sociales y de inserción Social, Movimientos y Agricultura familiar.
Por último y como cierre de la ponencia, enumeró los desafíos de las empresas en consideración de progresividad de los DDHH: “El trabajo decente como DDHH, Educación en y para el trabajo, Acceso al agua potable, Alimentación, Salud, No discriminación, Privacidad, Derechos de la mujer, Derechos de niñas, niños y adolescentes, Personas con discapacidad, Pueblos originarios, Migrantes, Adultos mayores y Colectivo LGTBIQ”.