El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), la primera que se realiza de manera presencial tras las restricciones de circulación impuestas como consecuencia de la pandemia de Covid 19. En el encuentro se trataron, entre otros puntos, la postura de las defensorías ante el inminente incremento tarifario, los créditos actualizados por UVA y se acordó pedir una audiencia con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional por el descongelamiento de los alquileres.
Los defensores del Pueblo del país ratificaron la postura de actuar en las audiencias públicas en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios, como se ha hecho hasta ahora. Y sostuvieron que, dado que los servicios audiovisuales fueron declarados públicos, las tarifas de estos deben discutirse también en audiencias públicas. Por este tema, se acordó enviar una nota al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para plantear la cuestión ante el organismo de regulación.
Respecto de la problemática de alquileres, los defensores expresaron la preocupación por el decreto que pone fin a la suspensión de desalojos y la compleja situación que se da en todas las provincias alrededor de los costos de acceso a vivienda. En ese sentido, definieron solicitar una audiencia con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.
A continuación, se analizaron acciones que puedan articularse en relación a los reclamos de deudores de créditos que se actualizan por la Unidad de Valor Adquisitiva (UVA). Así se propuso presentar un amparo judicial en nombre de Adpra, como se ha hecho en otras ocasiones, para poder llevar adelante una protección legal y contundente a los usuarios.
Por otra parte, los defensores y defensoras también trataron el tema del Certificado Médico Digital (CMD). Sucede que estos documentos, indispensables para tramitar las pensiones por discapacidad, pueden actualmente tramitarse solamente en los centros de salud públicos, que se encuentran afectados a cumplir con las tareas de contención y prevención del Covid. Muchas personas no pueden acceder a los CMD, por lo que se ven imposibilitados de tramitar las pensiones. Por ello, Adpra instó a las autoridades a que se ratifique “la simultaneidad de vigencia de los trámites (CMD y en papel), extendiendo a los otros prestadores de salud la facultad de su otorgamiento y garantizando que el mismo no implique un gasto al solicitante”.
Finalmente, Adpra rubricó un convenio con la Confederación Argentina de Mutualidades para, a través de la Comisión de Mujeres Mutualistas, “llevar adelante un trabajo en conjunto con el fin de desarrollar acciones de cooperación y asistencia recíproca, tendientes a la implementación de talleres, conferencias, actividades educativas, programas y proyectos que tengan por finalidad la promoción, difusión, defensa y capacitación en torno a la perspectiva de género y derechos humanos, en pos de avanzar en materia de igualdad, equidad y justicia para que mujeres y varones cuenten con los mismos derechos y posibilidades”.
