La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo que reglamente la modificación a la ley que regula el servicio de contralor vehicular que prevé que todas las personas que posean certificado de discapacidad puedan acceder a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de manera gratuita. También establece que serán las municipalidades y comunas las que deberán disponer del beneficio extendiendo la documentación para presentar ante los talleres que tienen la concesión de la RTO.
Conforme explicó el defensor del Pueblo a cargo Jorge Henn se reitera un oficio al ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe pidiendo que se dicte un decreto reglamentario porque es lo que se necesita para que el beneficio sea operativo.
En este sentido, explicó que “los vecinos llegan a la institución quejándose de que les cobran la RTO aunque posean certificado de discapacidad porque aún no se reglamentó una Ley que ya fue aprobada en la legislatura”.
El servicio de RTO lo realizan talleres particulares, actividad que fue concesionada por el Estado y con el contralor de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sin que hasta ahora pudieran intervenir municipios y comunas en dicho proceso, por lo que la Defensoría del Pueblo entiende que tras dos años de dictada la ley urge su reglamentación y por eso insiste ante el ministerio de Gobierno.