El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino suscribió un convenio de cooperación con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios Sede Rosario (Cocir), Andrés Gariboldi, que les permitirá a ambas instituciones trabajar de manera conjunta para resolver conflictos evitando el proceso judicial.
Durante el encuentro, del que también participaron Víctor Jorge Jaef, director del Centro de Mediación de la Defensoría, y Pedro Sendón, Secretario de Cocir, Marta Brett, mediadora, y Débora Fernández, prosecretaria de ese organismo, las autoridades analizaron temas de interés común. Entre ellos, los conflictos que tuvieron lugar durante la pandemia, que hoy en día fueron superados. Asimismo, desde el Colegio manifestaron su preocupación por la información incorrecta que circula respecto del mercado inmobiliario.
En ese contexto, se abordó la importancia de contar con datos de campo para analizar la situación inmobiliaria. Y se trató la cuestión de la Ley de Alquileres, cuya modificación se debate actualmente a nivel nacional, pero sobre la cual los inquilinos no tienen la debida información. En estos casos, señalaron, son las inmobiliarias las que deben ponerlos al tanto. Entre los datos aportados, desde Cocir indicaron que en lo que va del año hubo unos 50.000 contratos de alquileres renovados en el sur de la provincia.
“La tarea del Colegio es importantísima, y es de destacar que buscan la mejora constante. Agradecemos que participen del Congreso Internacional de Mediación que comienza la próxima semana en Rosario. Apuntamos a un Congreso disruptivo, y creemos que por eso han llegado inscripciones de todo el mundo”, indicó Savino.
El defensor agregó: “Nos comentaron también sobre la creación del Foro Inmobiliario, en el cual tienen muchas expectativas, ya que apuntan a soluciones integrales (desde los distintos saberes que lo componen) para la mejora de la situación del mercado inmobiliario en la región, por sobre los intereses políticos”.
Al respecto Savino agregó que la institución que conduce aborda el tema inmobiliario no solo desde la competencia de cuestiones atenientes al Estado, sino también a las empresas privadas, a partir del Protocolo Marco para la actuación de Defensorías del Pueblo en Empresas y Derechos Humanos elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación en conjunto con Defensorías locales y en alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).