El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino se reunió este martes con el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, quien se interesó por los temas de actuación de la institución de defensa de derechos y los abordajes que se puedan realizar desde el Ejecutivo provincial para resolver las demandas ciudadanas.
“Con el ministro tuvimos una reunión muy fructífera. Él se mostró muy interesado en los casos y temas que trabajamos en la gestión de la Defensoría del Pueblo, de manera de tener una visión más amplia de temas que atendemos en la institución y que a veces escapan al día a día de la gestión de gobierno”, explicó Savino tras el encuentro llevado a cabo en la sede rosarina del organismo. En ese contexto, remarcó la importancia de la reunión al considerar: “Debemos fomentar la gobernanza con los distintos actores que trabajan defendiendo los derechos fundamentales de los y las santafesinas".
Entre los temas abordados por Savino y Corach, se encuentran las obras para solucionar los inconvenientes motivados por el intenso tránsito en la zona de los puertos, principalmente en Villa La Ribera. También trataron la problemática de los menores en conflicto con la ley y los procesos restaurativos. En ese aspecto, se planteó la posibilidad de trabajar en una reunión del especialista Raúl Calvo Soler, quien recientemente participó del Congreso Internacional organizado por la Defensoría, con autoridades provinciales para evaluar nuevas formas de abordaje.
Asimismo, conversaron sobre la situación de los clubes de la ribera del río Paraná por los continuos movimientos de suelos, generados por la bajante extraordinaria, que llevó a declarar la emergencia hídrica de la región. Ello genera la necesidad de realizar un mantenimiento mínimo de la infraestructura, que está fuera del alcance económico de esas instituciones deportivas.
También analizaron los nuevos roles de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional e internacional, la situación de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados y/o supervisados por el Estado, la problemática de la inseguridad, el aumento de las intervenciones en violencia de género provocada dentro de las instituciones públicas, la violencia contra los adultos mayores y el nuevo Organismo de Revisión de Salud Mental que funciona en el ámbito de la Defensoría.