24/08/2022

La Defensoría del Pueblo reabrirá su oficina de atención en El Trébol

El defensor, la senadora departamental y la intendenta acordaron la reapertura de la oficina que se ubicará en el Centro Cívico Comunitario y se pondrá en funciones durante el mes de septiembre.

El defensor del Pueblo de Santa Fe a cargo Gabriel Savino mantuvo un encuentro, este miércoles en la localidad de El Trébol, con la senadora provincial del departamento San Martín, Cristina Berra, y la intendenta de la localidad, Natalia Sánchez, en el cual acordaron reabrir durante el mes de septiembre la Oficina de la Atención a la Ciudadanía que estará ubicada en el Centro Cívico Comunitario de Bv. América 1091.

Durante el encuentro, Savino se refirió a los objetivos de la institución y señaló: “La sociedad hoy necesita que las instituciones del Estado estén más cerca y faciliten su acceso y con ese objetivo es que trabajamos en la expansión de la Defensoría en todo el territorio santafesino”, y agregó: “En este caso, en El Trébol hemos logrado aunar esfuerzos y gracias al trabajo conjunto de la Senaduría, la Intendencia y al Defensoría es que hemos llegado a un acuerdo que permitirá la reapertura de la oficina de atención al ciudadano”.

Por su parte, la senadora remarcó que “este anuncio para nosotros es muy importante”, y argumentó: “Es importante porque es algo para El Trébol y para la región. Tener una oficina destinada a la defensa de derechos del ciudadano es un acontecimiento que nos llena de placer”.

Por su parte, la intendenta Sánchez también celebró la llegada de la oficina y expresó: “Es un orgullo poder volver a contar con esta oficina, sabiendo que es muy amplio el abanico de soluciones que puede aportar”.

Vale destacar que la Defensoría del Pueblo es un organismo descentralizado, unipersonal e independiente, que no recibe instrucciones de ninguna índole y tiene facultades de control extrapoder, encargado de proteger y promover los derechos fundamentales del individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad contra actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la administración pública.