01/11/2024

La Defensoría del Pueblo pidió al Enargas que las distribuidoras apliquen de manera estricta las Normas Argentinas de Gas a la hora de definir cortes del servicio

Las pautas son claras en torno de la graduación y categorías de fugas de gas, sin embargo la Defensoría detectó que en muchos casos se opta por cortar el suministro de manera preventiva aún cuando las fugas no representan un peligro inminente.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió al Enargas que exija a las distribuidoras la aplicación estricta de las Normas Argentinas de Gas (NAG-100) ante los casos de fugas, según la calificación allí establecida ya que se recibieron quejas de usuarios y gasistas por los casos de cortes de suministro que, en ocasiones, parecen ser innecesarios y afectan la calidad de vida de los habitantes.

El objetivo, agrega la Defensoría, es asegurar que los controles se realicen con el debido criterio técnico, protegiendo la seguridad pública sin generar interrupciones desmedidas en el servicio.

"Lo que hemos notado que la empresa ante cualquier fuga de gas procede al corte, hay tres clasificaciones: una de alta peligrosidad con peligro de explosión que requiere el corte inmediato; una de peligrosidad media que puede requerir trabajos a futuro porque puede generar problemas y una peligrosidad que lo único que requiere es mantenimiento. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento que la empresa haya hecho otra intervención que no sea como de alta peligrosidad. La seguridad es prioritaria pero pedimos a la empresa que haga esta evaluación precisa del riesgo" afirmó Jorge Henn, defensor del Pueblo a/c, agregando que "si se sigue como hasta ahora se va generando una cultura de la no denuncia".

"Queremos dejar en claro que hay que hacer la denuncia y que para eso hay todo un protocolo del Enargas que debe ser respetado, en el que establece en qué casos debe cortarse el servicio en qué casos no", enfatizó Henn.

"La NAG-100 proporciona pautas claras para la detección, clasificación y respuesta a distintas categorías de fugas de gas, desde aquellas que suponen un riesgo inmediato hasta las de menor peligrosidad. Sin embargo, hemos observado que, en muchos casos, se opta por cortar el suministro de manera preventiva, aun cuando las fugas detectadas no representan un peligro inminente", continúa.

"Esta falta de uniformidad en la aplicación de la normativa ocasiona problemas en el acceso al servicio de gas, afectando tanto a residencias como a locales comerciales" explica.

"Por ello, solicitamos que se capacite adecuadamente al personal encargado, de manera que se aplique un criterio técnico proporcional al riesgo de cada situación. La clasificación de las pérdidas de gas establece 3 grados: el primero, es cuando una pérdida representa un riesgo probable o existente para las personas o la propiedad, y requiere reparación inmediata o acción continua hasta que las condiciones dejen de ser riesgosas.

El grado dos, se refiere a una pérdida que se define no riesgosa al momento de la detección, pero requiere una reparación programada basada en un posible riesgo futuro.

En tanto, el grado tres se aplica a una pérdida que no es riesgosa al momento de la detección y puede esperarse razonablemente que se mantenga en ese estado" se describe.

"El juicio del personal de la empresa en el lugar es de vital importancia en la determinación del grado asignado a una pérdida, y es aquí donde consideramos, según opinión técnica recabada, que no todas las pérdidas tienen que ser consideradas de grado 1, como sucede en la práctica según tenemos conocimiento tanto por manifestaciones de los gasistas matriculados habilitados para rehabilitar dichas unidades donde se procede al corte de suministro, como así también en las tareas de búsquedas sistemáticas de fugas de gas que realizan las empresas subdistribuidoras, verificándose una tasa de corte mucho menor en éstas en relación con las zonas asignadas a la distribuidora, siendo que el fluido gaseoso y explosivo es de las mismas características tanto para Litoral Gas como para las subdistribuidoras", subraya la Defensoría en su nota.

"Consideramos que debe instarse a la distribuidora a capacitar de manera más amplia e integral a sus empleados destinados a estas tareas, a fin de que se tipifiquen los grados de fugas de acuerdo con la realidad de cada caso y no adoptar medidas solo fundadas en evaluaciones o decisiones preliminares en base al antecedente ocurrido en el edificio de Salta 2143 de la ciudad de Rosario", concluye.