En general, se trata de notificaciones simples y sin firma con el membrete de diferentes estudios, de dudosa legalidad, dedicados a la cobranza de deudas. A través de ellas, se advierte a la víctima de una supuesta deuda y se amenaza con embargar su sueldo o inhibir sus bienes en caso de no abonar un importe específico. No obstante, en la misiva no se informa a qué corresponde la deuda y sólo se deja un número de teléfono, de Buenos Aires, para realizar consultas.
Cuando las víctimas llaman se les informa que la supuesta deuda corresponde a alguna empresa de servicios (que puede seguir existiendo o no) y se les entrega un número de cuenta para realizar la transferencia del dinero para cancelar el supuesto pasivo. En este proceso, también pueden ofrecer la reducción del monto a abonar si la víctima se resiste a pagar.
Tras recibir numerosas presentaciones en este sentido, la Defensoría del Pueblo advierte que no se debe pagar ninguna suma y aconseja a los ciudadanos que, al recibir la intimación, se dirijan a cualquiera de las oficinas de la institución para ser asesorados. También recomienda no comunicarse telefónicamente con estas firmas de cobranza, pues de esta manera pueden acceder a información que permita concretar la estafa. Y exhorta a de ninguna manera aceptar un plan de pagos o moratoria, que termina significando el reconocimiento de una deuda que nunca existió.