JORNADA DE TRABAJO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE LA REGIÓN CENTRO Y PROVINCIAS VECINAS, TENDIENTE AL ABORDAJE DE LA CRISIS HIDRÍCA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA POBLACIÓN
CONCLUSIONES
En la ciudad de Santa Fe, a los 2 días del mes marzo de 2017, los Defensores del Pueblo de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero y de las ciudades de Paraná y Río Cuarto llevaron adelante reuniones de trabajo a los fines de debatir, con el aporte técnico de prestigiosos profesionales en las materias, las consecuencias ocasionadas por las inundaciones desde la óptica de los siguientes ejes: 1.- Aguas (escurrimientos pluviales); 2- Rutas interprovinciales y 3- Medio ambiente y producción.
Los temas abordados tienen relevancia en un eje que las integra y que se vincula con la temática específica de las Defensorías del Pueblo: la población (rural y urbana) afectada por los últimos eventos climáticos y el impacto de un modelo productivo que empieza a evidenciar sus límites.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia, temáticas que se vinculan directamente con los objetivos y misiones de las Defensorías del Pueblo hoy reunidas.
Por otra parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, con la participación de las Defensorías del Pueblo de toda Iberoamérica representadas por FIO (y en su contexto, las argentinas por ADPRA), los gobiernos locales y subnacionales, parlamentarios, sociedad civil, personas indígenas y comunidades locales, sector privado, profesionistas y practicantes, comunidad científica y académica, y otros actores relevantes, para adoptar la Nueva Agenda Urbana, se firmó la DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SOSTENIBLES PARA TODOS en la que se realizan una serie de compromisos sumamente relevantes, vinculados a las problemáticas abordadas.
En virtud de las consideraciones expuestas por cada Defensoría del Pueblo y de las exposiciones de los técnicos invitados, se llegó a las siguientes conclusiones estableciéndose objetivos y metas comunes a obtener en las distintas jurisdicciones:
- Propiciar la unificación de agendas de trabajo sobre los puntos tratados a los ejecutivos provinciales y municipales.
- Controlar desde el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro y desde las Defensorías del Pueblo de las provincias vecinas, el cumplimiento en las distintas jurisdicciones de toda normativa vigente que regule la gestión integral de los recursos hídricos y ambientales.
- Propiciar una permanente y constante coordinación regional con eventuales ajustes legislativos que si bien respeten cada jurisdicción, que cuenten con un marco común, por las implicancias extraprovinciales de cualquier regulación.
- Proponer a las provincias la creación de un Comité de Cuencas Interjurisdiccionales, con participación de la autoridad nacional, con competencia de planificación, estudios y control de obras, y con facultades para evitar construcciones que puedan causar perjuicios a terceros.
- Recomendar la creación de un Ente de Monitoreo de las Cuencas Interjurisdiccionales de manera que se pueda alertar a la población sobre posibles inundaciones.
- Peticionar la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales, con el fin de proteger a la población y menguar cualquier afectación de la actividad productiva, especialmente cuando las mismas surjan de un estudio, planificación y monitoreo técnico que garantice la eficiencia del sistema.
- Promover medidas que tiendan a la efectiva protección de bosques nativos y unificar criterios que permitan planificar acciones concretas de reforestación, especialmente de especies autóctonas.
- Buscar de manera constante una mejor calidad de vida promoviendo desarrollar las potencialidades productivas desde una perspectiva sustentable y culturalmente apropiable para cada población.
- Insistir por controles estrictos y delimitaciones amplias del ejido urbano respecto al uso de productos agroquímicos.
- Procurar la unificación de la legislación en materia de uso de agroquímicos y requerir redefinición periódica por parte de las autoridades nacionales en la materia que implique el etiquetamiento de estos productos de acuerdo a los más recientes estudios de especialistas.
- Promover todas las obras que sean necesarias a los fines de evitar el corte por anegamiento de rutas o arterias de corredores viales fundamentales y de tráfico intenso.
- Solicitar a las autoridades nacionales y provinciales la coordinación de un plan de obras de infraestructura vial que implique un diseño pensado en el mediano y largo plazo, como así también reclamar la más inmediata conclusión de las obras de conversión en autopistas o autovías de los corredores viales nacionales de la Región Centro.
- Concebir al suelo como un recurso natural que debe ser declarado como un activo esencial y por ende protegido con intervención de las autoridades estatales respecto de su uso racional y sustentable.
- Proponer a los gobiernos de las provincias de la Región Centro la elaboración consensuada de una planificación productiva a través de un diálogo intersectorial, que integre la mirada pública-privada y que contemple una mirada de desarrollo sostenible social y ambientalmente.
- Proponer que los equipos profesionales de mediadores de las Defensorías, colaboren como facilitadores de la palabra para el trabajo de los puntos propuestos en este documento, a fin de generar espacios de abordaje de los conflictos comunes desde la construcción del diálogo cooperativo.
- Recomendar a las autoridades la elaboración de políticas hídricas integrales y acordes a la situación que atraviesa cada región.
- Incorporar como agenda de trabajo el impacto hídrico y socio ambiental que afecta a las ciudades atravesadas ríos y arroyos.