El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó de la audiencia pública, que se realizó este viernes en Buenos Aires, en defensa de los usuarios del servicio público de gas natural de la provincia de Santa Fe, y sobre quienes recaería un nuevo aumento de la tarifa por el traslado del mayor valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) para el período comprendido entre el 1° de abril de 2017 y el 1° de octubre del 2017. “Ratificamos los términos que planteó esta Defensoría del Pueblo en la audiencia pública de septiembre de 2016, cuando se afirmó que no se cumplían con los requisitos de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad exigidos por el Máximo Tribunal de Justicia”, señaló el Defensor.
En el mismo sentido, continuó y explicó que “hasta tanto el precio del gas natural Pist se determine por la libre interacción de la oferta y la demanda, es la Secretaría de Hidrocarburos la encargada de elaborar el cuadro tarifario semestralmente y elevarlo previamente al Ministerio de Energía y Minería de la Nación para su aprobación”, y remarcó: “en ese marco, dicho ministerio propone para este período una reducción del subsidio en el valor del gas Pist del 50% al 45% (US$3,42 a US$3,77 el MMBtu), siendo que los aportes del Estado en 1 año -marzo 2016 a marzo 2017- fueron reducidos del 81% al 50%”.
El Ombudsman alertó sobre la política de aumento de tarifas y el impacto sobre los usuarios: “teniendo en cuenta que se mantiene una previsión del precio de MMbtu a U$S 6,80 al año 2019 cabe preguntarse ¿cuál será entonces el precio final que tendrá el servicio para los usuarios?, sin duda de alto impacto”, y enfatizó: "urge una auditoría externa que permita auditar precios y costos conformada por universidades, colegios de profesionales y defensorías".
Por otra parte, el Defensor recordó que “los usuarios de gas natural en la provincia de Santa Fe ya han sufrido subas con fuertes impactos de energía eléctrica, principalmente por los precios mayoristas, y de aguas y cloacas en el orden provincial".
Al referirse al fallo de la Corte que exigía gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad señaló que “dicho incumplimiento resulta más plausible si consideramos lo propuesto por el Ministerio de Energía para octubre de 2017 donde se establece que el subsidio sería sólo del 38%, no existiendo gradualidad alguna en el esquema diagramado por la resolución ministerial”, y continuó: “lamentablemente se hizo caso omiso a lo peticionado por los defensores del Pueblo del país en la audiencia pública de gas de septiembre de 2016, ya que se solicitan nuevos aumentos sin considerar las actualizaciones salariales y con muchas paritarias sin acuerdo o que aún no fueron convocadas”.