El plenario de ADPRA hizo suyo el pedido de Lamberto y otros de sus colegas, incluído en la declaración final, al entender que los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad.
Los defensores expresaron que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador.
Pidieron que el GNC tenga un valor testigo, situación que hasta el día de hoy no existe. También solicitaron que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado como en la actuallidad, ya que las personas de mayor vulnerabilidad social terminan pagando mucho más que quienes están servidos por el gas en redes.
Los Defensores del Pueblo se opusieron terminantemente a los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas; a la vez que reclamaron que la tarifa social se incremente.
Exigieron de las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando.
Desde el jueves, el ombudsman santafesino participó en Neuquén del primer plenario del corriente año de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina durante el cual brindó un informe sobre sus participaciones como representante de la Federación Iberoamericana del Ombudsman -FIO- en la cumbre del Hábitat, convocada por la ONU, en Quito, Ecuador; y en la asamblea del organismo en Tenerife, España.
Durante las deliberaciones en la capital neuquina, el dr. Lamberto reiteró la necesidad de revertir la situación de desigualdad de aquellos beneficiarios de rentas vitalicias previsionales, quienes sufren un claro perjuicio en la percepción de sus haberes ya sea por cobrar menos que el haber jubilatorio mínimo o bien por estar impedidos de gozar del beneficio de la movilidad.