El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa, Raúl Lamberto, presentó el Informe Anual de la institución que conduce a las cámaras legislativas, dando cumplimiento de esta manera a la obligación impuesta por la Ley 10.396 de Creación de la Defensoría del Pueblo. El trabajo condensa estadísticas de lo realizado por el organismo durante el año 2016, así como un relevamiento de los casos más trascendentes y significativos. Además, este año lleva consigo una propuesta para modificar la mencionada norma para otorgar el Defensor del Pueblo legitimación procesal activa, es decir, la potestad de iniciar acciones judiciales para resguardar los derechos colectivos de ciudadanos que se acercan a solicitar ayuda.
Proyecto para modificar la Ley 10.396
La iniciativa de modificación se apoya en la propia Ley de Creación de la Defensoría, que estipula en su artículo 75 que “en el Informe Anual el Defensor del Pueblo podrá proponer a la Legislatura las modificaciones a la ley que resulten de su aplicación para un mejor cumplimiento de sus funciones”.
Entre los fundamentos se recuerda que la provincia de Santa Fe es una de las primeras de la Argentina, precediendo incluso a la propia Defensoría del Pueblo de la Nación creada primero por ley 24.284 y luego incorporada expresamente en la Constitución Nacional en su artículo 86, en la reforma del año 1994. Esto implica algunas desventajas respecto de Defensorías creadas más recientemente, las cuales fueron dotadas de competencias más amplias en virtud de los derechos y garantías reconocidos por la reforma constitucional de 1994 y de las atribuciones concedidas al Defensor del Pueblo de la Nación.
Actualmente, y a pesar de varios proyectos legislativos, el Ombudsman provincial no cuenta con legitimación procesal a excepción del recurso previsto en la Ley provincial 10.000 de Intereses Difusos. En su pedido, Lamberto explicita que “esa limitación deja fuera de la competencia procesal la tutela de los derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos”.
Es por ello que solicita modificar los artículos 1° y 24° de la ley 10.396. En el artículo 24° propuesto se explicita que, además de interponer el recurso previsto en la ley 10.000, el Defensor del Pueblo “también tendrá legitimación procesal dentro de su competencia para ejercer toda otra acción de carácter colectiva que estime procedente”.
En este contexto, y luego de recordar que otras Defensorías del país ya cuentan con legitimación procesal más amplia, Lamberto consideró que “urge una modificación de la ley 10.396 en lo relativo a la competencia y atribuciones del Defensor del Pueblo, de modo tal que permita una protección integral de los derechos de las personas mediante legitimación procesal para ejercer acciones colectivas en defensa de intereses difusos e intereses individuales homogéneos, garantizándose el acceso a la Justicia dentro del marco de su competencia”.
Estadísticas
El Informe Anual detalla que durante 2016 en la Defensoría del Pueblo se abrieron 33.623 expedientes, lo que representa un incremento del 11 por ciento con respecto a los 30.267 de 2015. Del total atendido durante el año pasado, casi la mitad (el 49,89 por ciento) corresponde a la ciudad de Rosario, en tanto que 27,47 % por ciento a la ciudad de Santa Fe y el 22,64 por ciento a las delegaciones que la institución tiene en numerosas localidades del interior provincial.
Del total de los expedientes, el 38,44 por ciento se refirió a casos de derechos básicos, dentro de los que se contabilizan derechos civiles y humanos, educación, salud, discapacidad, vivienda, Registro Civil y el trámite de Bien de Familia, que protege el hogar familiar en caso de problemas económicos.
En segundo lugar se ubicaron los vinculados a defensa al consumidor, que acapararon casi el 20 por ciento de los temas tratados. Aquí se destacan problemas con telefonía móvil y fija, tarjetas de créditos, planes de ahorro para autos, garantía de cosas muebles, compras domiciliarias, turismo, servicio de cable e internet, entre otros.
Las presentaciones relacionadas con infraestructura y servicios representaron durante 2016 casi el 11 por ciento de los expedientes abiertos en la Defensoría del Pueblo. Dentro de este apartado, el 61 por ciento de los casos se vinculó con el servicio de energía eléctrica, seguido por los de gas y agua.
Por su parte, los expedientes relativos a movilidad, transportes y seguridad alcanzaron el 9 por ciento del total. En tanto que los relacionados con cargas tributarias sumaron el 5 por ciento. El resto de los casos correspondió a presentaciones vinculadas con el ámbito nacional, otras Defensorías, municipios y comunas y el Ministerio de Seguridad.
En el Informe Anual también se da cuenta de la tarea realizada por el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación, que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo. También se destacan las acciones llevadas a cabo en el marco del 25 Aniversario de la Defensoría del Pueblo y las acciones y actividades desarrolladas en el marco de la Asociación de Defensores de la República Argentina (Adpra).
El dosier tiene un capítulo especial para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que de acuerdo a su ley de creación también funciona dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo. Allí se realiza un recuento de los primeros cinco años de funcionamiento de la institución, a cargo de la Defensora Analía Colombo. Y se detalla luego lo actuado por esa institución, pionera en el país, durante el año 2016.
El informe puede consultarse en la página de internet de la Defensoría del Pueblo, ingresando a www.defensoriasantafe.gob.ar/informes