El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, el Defensor Adjunto de Córdoba, Hugo Alberto Pozzi, y el secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Medio Ambiente y Transporte de la Defensoría de Buenos Aires, Jorge Ruesga, recorrieron este martes sectores desbordados de la laguna La Picasa. Los funcionarios también brindaron una conferencia de prensa en el Club Defensores de Christophersen, donde se hizo presente el presidente del Comité de Cuenca laguna La Picasa, Juan Carlos Duhalde.
“Nos hemos involucrado en la problemática ya que el tema de La Picasa afecta a las tres provincias, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y como Defensorías estamos tratando de lograr que se establezca una mesa de coordinación que nos permita encontrar una solución técnica y tratar de que no se siga generando zozobra ante el problema que está afectando no solamente el tránsito, como es el caso de la ruta 7, sino también a las poblaciones cercanas que ven que la crecida de La Picasa pone en peligro a las propias localidades”, explicó Lamberto ante un auditorio en el que se encontraban el senador del Departamento General López, Lisandro Enrico, los presidentes comunales de Aarón Castellanos, Walter Ramanzín, de Christophersen, Salvador Soraide, y de Diego de Alvear, Enrique Saraglia, y productores integrantes del Comité de Cuenca laguna La Picasa, entre otros.
El Defensor del Pueblo santafesino explicó que el Comité de Cuenca ya ha señalado en el pasado que deben realizarse obras por parte de las tres provincias involucradas para lograr que aguas abajo no se afecte a la población. “Principalmente, lo que estamos planteando es que entre las tres provincias, cuando no se puede lograr un acuerdo técnico para solucionar el problema, alguien debe interceder y nos parece que la Nación debe ser parte de una solución”, indicó el Ombudsman, para finalmente exponer la intención de las Defensores de establecer un monitoreo “que permita controlar las obras para que no se perjudique a las provincias, a la producción y también monitorear el escurrimiento de la masa líquida”.
Por su parte, Ruesga reafirmó que “la visión de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es que estas problemáticas tienen que ser abordadas en forma mancomunada con las tres provincias. Y sí con rol preponderante del gobierno nacional. Creemos que la solución de una provincia no pasa por perjudicar a la otra. Creemos que se tiene que planificar un sinfín de obras y en eso estamos las tres Defensorías tratando de acercar propuestas y de poner este tema en la mesa de las discusiones nacional, porque como podemos ver la gravedad es grandísima”. El funcionario de la institución bonaerense agregó que el desborde ya ha dejado de perjudicar sólo al área productiva y que ya se están afectando cascos urbanos, por lo que solicitó “que los gobiernos de las tres provincias, junto con la Nación, puedan encarar esto y lograr una solución en el corto plazo y definitiva”.
Finalmente, Pozzi indicó que “la Defensoría del Pueblo de Córdoba tiene la decisión de acompañar a las Defensorías de las otras dos provincias” y consideró que la situación “amerita que pongamos todo nuestro esfuerzo en tratar de persuadir a los Ejecutivos de cada una de nuestras provincias, al igual que crear la responsabilidad y la debida conciencia en el gobierno nacional para que se busquen soluciones de manera definitiva y lo más rápido posible”.
Luego de la charla en el club de Christophersen, Lamberto, Pozzi y Ruesga se dirigieron hasta la ruta nacional 7, donde el desborde de La Picasa ya cubre la calzada. Allí observaron la situación de los campos cercanos, donde la producción ha quedado completamente destruida por la crecida de las aguas.