09/11/2017

Lamberto: "Acompañaremos todas las medidas consensuadas que tiendan a la solución definitiva de los problemas derivados por las aguas de La Picasa"

El defensor del Pueblo santafesino estuvo en calidad de oyente en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema donde los representantes de las provincias involucradas proporcionaron informes a los magistrados y se analizaron distintas propuestas y alternativas, coincidiendo algunas de ellas con lo manifestado por esta Defensoría ante la Corte en escrito presentado en el expediente y que fuera agregado y puesto a consideración de los Ministros del Máximo Tribunal.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este miércoles como oyente de la audiencia informativa convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar el estado de situación de las regiones afectadas por inundaciones vinculadas a la cuenca de La Picasa. “La audiencia giró en torno a temas puntuales y propuestas que coinciden con lo expuesto en el escrito que presentó la Defensoría para ser considerado en la solución de la causa”, señaló Lamberto.

El acto se desarrolló en la Sala de Audiencias de la ciudad de Buenos Aires del Máximo Tribunal. En la ocasión, el defensor santafesino remarcó que “la audiencia giró en torno a los distintos temas que la Defensoría propuso oportunamente y los integrantes de la Corte se interesaron  en la situación actual del Comité de Cuenca Interjurisdiccional de La Picasa que está integrado por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y sobre la posibilidad de que se cree la Cuenca Interjurisdiccional del río Salado, lo que permitiría incorporar a Santa Fe en el manejo de sus aguas y consensuar las decisiones en la utilización de este río para facilitar el drenaje de las aguas de la cuenca de La Picasa”.

Lamberto valoró " la audiencia convocada por la Suprema Corte" y señaló: "Creemos que es una instancia muy importante para que a partir de ahora se generen procesos orgánicos que permitan buscar soluciones técnicas a la problemática planteada".

En el mismo sentido, Lamberto enfatizó respecto de la importancia que puso el tribunal en el avance de las obras y en el rol de la Nación dentro del comité en lo respecta a la financiación y la coordinación de las mismas.

En cuanto a las obras particularmente, Lamberto remarcó que, “según lo informado en la audiencia, actualmente hay dos obras para drenar el agua de La Picasa, una es Alternativa Sur ubicada en la provincia de Buenos Aires, y la otra es Alternativa Norte, que está en territorio de la provincia de Santa Fe”. Y detalló: “La alternativa Sur comenzó a operar en el 2014, diez años después de lo planificado y no está con capacidad operativa total, sino que alcanza un 70 por ciento. Por otra parte, la Alternativa Norte también necesita continuar con las obras pero en este momento no es posible porque el caudal de agua de la laguna está por encima de la cota para la cual fue pensada que funcione”. 

En cuanto a la expectativa de drenaje de las aguas a través de estas obras,  el Secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe expuso en la audiencia: “En el caso de que ambas alternativas estuvieran funcionando al ciento por ciento de capacidad igual sería necesario que trabajen por cuatro o cinco años para que el caudal vuelva a los niveles donde el agua resulte manejable”.

Asimismo en la audiencia se trataron otras alternativas para el tratamiento de los excedentes hídricos como ser la salida hacia el río Paraná y/o Salado. En este sentido el funcionario de nuestra provincia expresó que la misma encargará estudios a consultoría tendientes a obtener precisiones respecto a las obras necesarias para sacar agua por intermedio de canalización hacia el río Paraná. En este contexto, el representante del gobierno nacional dijo que la nación costearía  la financiación de una parte de las obras.  

Durante la jornada primero se pronunciaron representantes de productores agropecuarios de las tres provincias y posteriormente los representantes de los gobiernos provinciales y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua; en representación de Santa Fe disertaron el secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni,  y el senador provincial del departamento General López, Lisandro Enrico; por Córdoba el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, el secretario de Recursos Hídricos y Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente, y Servicios Públicos, Edgar Manuel Castelló, y el director de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Adrián Alfredo Rinaudo; y por Buenos Aires el subsecretario de Infraestructura Hídrica, Rodrigo Silvosa.

Las propuestas de la Defensoría santafesina

Lamberto presentó el pasado 3 de noviembre un escrito ante la Corte Suprema nacional con tres propuestas concretas. La primera es la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca”.

También propuso solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”.  Y, finalmente, solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto de la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

Estas propuestas fueron agregadas al expediente y puestas en conocimiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia Nacional, según resolución del pasado viernes 3 de noviembre.