El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, participó de la Audiencia Pública convocada por el ENARGAS donde se puso a consideración la aplicación de la metodología de adecuación semestral de la tarifa para LITORAL GAS S.A. Durante su exposición el defensor hizo hincapié en tres puntos: la metodología de actualización tarifaria, la adecuación tarifaria transitoria correspondiente a Transportadora de gas del Norte S.A., y la solicitud de un tratamiento especial para las Pymes.
En cuanto a la metodología de actualización tarifaria el defensor señaló que: “No habiendo culminado la aplicación de un cuadro tarifario ya aprobado no aparece como adecuado considerar la actualización de tarifas”, y explicó: “Estamos discutiendo la actualización de un cuadro tarifario que entró en vigencia sólo en una tercera parte de los aumentos ya aprobados, por lo tanto, los usuarios de Litoral Gas S.A. en los meses de mayor consumo del año 2018 van a pagar la totalidad del aumento dispuesto, más las actualizaciones en los rubros transporte y distribución y dos actualizaciones del valor en el punto de ingreso al sistema de transporte (pist)”.
En este sentido la postura fue contundente: “Primariamente deben establecerse tarifas justas, proporcionales y asequibles, para recién luego comenzar a considerar mecanismos de actualizaciones”.
En cuanto a la adecuación tarifaria transitoria correspondiente a la empresa Transportadora de gas del Norte S.A. Lamberto recordó que “según lo informado por la misma empresa en la audiencia del 2016 en los últimos 3 años ENARGAS aprobó subas del 380% aproximadamente. Esto en un marco de emergencia económica y de fuerte intervención estatal mediante subsidios”, y concluyó en que “desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe pedimos la urgente implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el rubro transporte”.
Por otra parte, en relación al Pymes la defensoría propuso que se considere una tarifa especial: “Son un sector muy importantes en nuestra economía y las tarifas de los servicios muchas veces resultan una carga muy pesada que agravan notoriamente sus costos y en algunos casos tienen que tomar decisiones extremas como la reducción de su personal y hasta el cierre de las mismas”.
Finalmente señaló que: “El servicio de gas es un servicio público esencial y como tal el Estado debe garantizar su accesibilidad y su asequibilidad”, y remarcó: “Las tarifas deben ser proporcionales y razonables y sus actualizaciones graduales. Para su determinación debe considerarse la situación socioeconómica del usuario bajo la óptica de todas las actualizaciones tarifarias, de los precios de la economía en general y sin perder de vista su poder adquisitivo real”.