Es una realidad que cada vez es mayor el número de personas que alcanza una edad avanzada y en mejor estado de salud. En este sentido, es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones que permitan a los adultos mayores contar con los recursos para disfrutar de una vida con independencia y autorrealización.
En el caso de aquellos que requieren cuidados o tratamiento, deben disponer de los recursos para disfrutar de las libertades fundamentales desde una perspectiva de derechos humanos. En este marco, la real inclusión de los adultos mayores tiene relación directa con la equidad en el acceso a beneficios sociales y económicos.
Por todo lo anterior, los defensores del pueblo de la República Argentina consideramos que cualquier intento de regulación que reduzca los beneficios alcanzados por la Ley de Movilidad Jubilatoria actual, significa vulnerar la protección y habilitación de las personas mayores como titulares de derechos humanos legítimamente reconocidos por nuestra Constitución y el derecho internacional.