El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó en la ciudad de Recreo de la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía de la provincia donde se discutió el pedido de aumento de la tarifa de luz que presentó la Empresa Provincial de la Energía. Durante su presentación Lamberto hizo hincapié en minimizar el impacto del aumento solicitado por la EPE, en unificar requisitos de tarifa social federal y provincial, en solicitar un tratamiento especial para las Pymes, y en la posibilidad de equiparar los electrodependientes al régimen federal.
En cuanto al pedido de minimizar el impacto del aumento del valor de distribución (VAD) el Defensor señaló: “Nos preocupa otro aumento, por lo que estamos pidiendo minimizar el impacto del VAD con una reducción del mismo, al mismo tiempo que se solicita diferir y fraccionar el eventual aumento no rigiendo a partir de febrero ya que entrarían en vigencia el aumento pleno de la energía mayorista más el del VAD en el período de máximo consumo”.
“Los aumentos de los servicios públicos sociales deben ser analizados bajo la óptica de los usuarios debiendo considerarse en el marco del impacto que producen la suba de las tarifas sobre todos los servicios y de los precios de la economía en general según los postulados del fallo del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad CEPIS”, argumentó Lamberto.
En relación a los precios mayoristas recordó que “En la audiencia convocada para tratar los precios mayoristas para el verano 2017/2018, la Defensoría participó como orador y pidió que no se haga lugar a los nuevos precios en virtud del impacto que ello conllevaría en la distribuidora y que se trasladaría a los usuarios”, en la ocasión también “se rechazaron los cambios en el plan de estímulo de ahorro, y se requirió ampliar la tarifa social”. En la misma audiencia también se solicitó que para el cumplimiento del derecho a la información adecuada al usuario “en la factura de distribución de la EPE se detalle el monto correspondiente a la energía mayorista tal como se le efectúa por el caso de los impuestos”, y enfatizó: “Queremos aclarar que en dos años la energía mayorista aumentó 12 veces, por lo que el impacto es realmente grande”.
En referencia a la unificación de requisitos para la tarifa social federal y provincial, el Defensor propuso que “tiendan a establecerse requerimientos más favorables para los beneficiarios y que quienes tengan el beneficio cuenten además con un bloque de energía gratuita (generación + VAD) y un pago bonificado por el excedente”.
En relación a las Pymes el Defensor señaló “la importancia de la creación de una Tarifa social para las Pymes ya que son parte esencial de nuestra economía y muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad”.
Por otra parte y en relación a la situación de los electrodependientes propuso: “Desde la Defensoría proponemos que hasta la adhesión a la ley nacional se implemente un régimen gratuito de provisión de energía eléctrica para los núcleos familiares con electrodependientes, y además asistir mediante la entrega, por parte de la empresa distribuidora, de un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados y gratuidad del cargo por conexión”.
Por último el defensor enfatizó en que “las audiencias se hagan en las cinco regiones usando los medios tecnológicos necesarios. La información se debe subir al sitio web en tiempo y forma”, y sugirió imitar “la experiencia de las Audiencias Públicas nacionales, donde la disposiciones para las autoridades públicas y de empresas es de 20 minutos, para las Defensorías del Pueblo de 10 minutos, para los Legisladores 10 minutos, y para otros expositores 5 minutos, lo que ayuda a equilibrar las participaciones”.
Finalmente concluyó señalando que “las audiencias no tienen que ser meramente formales sino que se deben escuchar y considerar los dichos de los participantes según el fallo CEPIS”, y remarcó: “Volvemos a insistir en contemplar el financiamiento externo para la ejecución de un plan de obras, no solamente puede ser un plan de obras basado en las tarifas”.