La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe organizó este martes en Rosario una jornada sobre herramientas para el seguimiento de políticas públicas vinculadas a derechos, destinada a sus trabajadores y a agentes de otros organismos. La capacitación estuvo a cargo de Laura Pautassi, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA y experta independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos por el Protocolo de San Salvador.
Antes de la jornada, el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein; Laura Pautassi; el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Héctor Floriani; el secretario de Derechos Humanos de la UNR, Rubén Chababo, y Hugo Quiroga, politólogo de la UNR encargado de coordinar el equipo de investigación que, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, audita el estado de políticas públicas en Santa Fe.
Al dar comienzo a la capacitación, Lamberto recordó la Defensoría del Pueblo de Santa Fe participó como expositora de la Cumbre Hábitat III de Naciones Unidas que se realizó en Quito y que allí las Defensorías tomaron el compromiso de auditar políticas públicas en consonancia con los objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU. En ese sentido, explicó que la capacitación apunta a brindar a los trabajadores herramientas para “formar indicadores necesarios para realizar un monitoreo de políticas públicas nacionales, provinciales y locales en la ciudad de Rosario, en colaboración con la UNR”. Y, adelantó, que el mismo grupo de estudio “extenderá su trabajo también al centro-norte de la provincia de Santa Fe”.
La jornada tuvo como objetivo desarrollar el debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), a partir de la aplicación del enfoque de derechos en las políticas de desarrollo y su vinculación con el campo de las políticas públicas, analizando las responsabilidades de los poderes del Estado. También se analizaron los indicadores de medición en materia de derechos, tanto a nivel conceptual como de fuentes de información necesarias.
Finalmente, se analizaron los sistemas de medición basados en el uso de indicadores de derechos que funcionan como instrumentos de los sistemas internacionales de supervisión de la aplicación de tratados, específicamente el caso del Protocolo adicional a la Convención Americana de derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (Organización de Estados Americanos), y las vinculaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.