La Defensoría del Pueblo de Santa Fe será la encargada de supervisar la aplicación de las políticas de salud mental en la provincia, en el marco del órgano del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental, que fue creado por la ley 13.733, recientemente sancionada por la Legislatura.
En el marco de las acciones para la conformación del órgano de revisión, se realizó una charla abierta y gratuita sobre salud mental y derechos humanos. Estuvo a cargo de María Graciela Iglesias, secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de la nación. Y la presentación fue del defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto.
Durante el encuentro, realizado en la sala ATE San Luis de la ciudad de Santa Fe, Iglesias explicó que “el órgano de revisión nacional articula y tiene como responsabilidad acompañar los procesos provinciales”. La funcionaria nacional también destacó la firma de un convenio de cooperación, para colaborar “en todo aquello que requiera la implementación de este organismo tan importante que va a tener su sede en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, lo que implica un trabajo transversal con muchísimos ejes que ya la institución tiene naturalmente”.
Al referirse a la ley 13.733, Iglesias destacó: “Los puntos salientes de la ley son justamente la creación de un órgano de revisión que va a monitorear el sistema de salud mental de la provincia de Santa Fe, y que también nutrirá o marcará los estándares para alcanzar la plenitud en el enfoque de los derechos que la ley de salud mental trae. El organismo tiene la responsabilidad de acentuar tres principios: la intersectorialidad, la independencia del organismo para su actuación y la interdisciplina, que es el marco de abordaje que debe tener una ley de salud mental pensado siempre en el protagonismo que las personas tienen que tener”.
Por su parte, Lamberto explicó que el órgano de supervisión tiene tres instancias. “El Consejo Directivo, integrado por los distintos sectores (la Defensoría, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, los usuarios, las organizaciones profesionales); una Secretaría Ejecutiva, que es la que lleva adelante las políticas del Consejo Directivo y un Consejo Interdisciplinario, que forma parte de la ley global que se tiene a través de la Ley de Salud Mental y con mirada interdisciplinaria en la que participen psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, entre otros. Esto significa tener una mirada más amplia que la que se tuvo históricamente”.
El defensor santafesino aclaró que la institución no va “a ejecutar las políticas, sino a supervisar cómo se ejecutan las políticas”, y consideró que se trata de “una gran responsabilidad”. En ese sentido, agregó: “Creemos que ha sido una decisión importante de los legisladores de nuestra provincia de pensar que el órgano de control pueda funcionar en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Esto no es normal, en general, en otras provincias, o están en las áreas del Ministerio de salud, o están en el Ministerio Público de la Acusación, pero bueno, se pensó en la Defensoría y para nosotros es un reconocimiento a una institución de prestigio como es la Defensoría del Pueblo de Santa Fe”.
Sobre la ley 13.733
La ley 13.733, sancionada por la Legislatura santafesina, crea el Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y cuya sede estará en la ciudad capital de la provincia.
El órgano tiene por objeto garantizar la protección de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental que se presten en todo el territorio de la provincia. Su principal función será la supervisión periódica, de oficio o por denuncia de particulares, de las condiciones de internación, prácticas y tratamientos realizados por razones de salud mental.