El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este lunes 30 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la experiencia sobre evaluación del estado de avance de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, realizada en la ciudad de Rosario durante el año 2017. El defensor expuso en el marco de una jornada que celebró el 40º aniversario de la creación del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), y que estuvo organizada por esa institución, las embajadas de Austria e Irlanda ante la ONU y los ombudsman de Zambia y Tailandia.
Lamberto fue especialmente invitado a participar de esta jornada por el presidente y el secretario General del IIO, Peter Tyndall y Günter Kräuter, respectivamente. El encuentro sirvió para proporcionar una plataforma para el intercambio entre el IIO, Naciones Unidas y otros organismos interesados y discutir el papel de las instituciones del ombudsman en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible e identificar los desafíos.
En este marco, Lamberto presentó ante defensores del Pueblo y funcionarios de instituciones de derechos humanos de todo el mundo y de funcionarios de Naciones Unidas la experiencia de trabajo que derivó en la publicación del libro Políticas Sociales y Derechos Humanos a nivel local, una evaluación del estado de avance en Rosario en 2017, que se realizó en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. La investigación tuvo su origen en la cumbre Hábitat III, que Naciones Unidas realizó en 2015 en Quito, donde encomendó a las Defensorías del Pueblo la observancia del cumplimiento de derechos en sus distritos y les pidió trabajar para la concreción de la Agenda 2030.
Lamberto, quien también es director de Relaciones Institucionales del IIO, explicó que el trabajo “adoptó el enfoque de Derechos Humanos, basado en principio, reglas y estándares del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En particular, se adoptó el marco normativo del sistema interamericano: las disposiciones que rigen desde 2011 la medición de los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en el Protocolo de San Salvador y las disposiciones de la Convención de Belem do Pará, que regulan desde 2013 la medición del derecho a una vida libre de violencia”.
El defensor santafesino especificó que “el modelo adoptado para la medición del cumplimiento de derechos del Protocolo de San Salvador que ha servido de referencia tiene una matriz que parte de tres tipos de indicadores: estructurales, de procesos y de resultados”. Los indicadores estructurales reflejan la ratificación o aprobación de instrumentos jurídicos internacionales básicos para facilitar la realización de un derecho humano fundamental y examinan si el marco normativo y las estrategias que el Estado indica es adecuado para ese derecho; los indicadores de proceso buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos, observando el alcance, la cobertura y el contenido de las estrategias específicas encaminadas al logro de metas que corresponden con la realización de un derecho, y los indicadores de resultado reflejan los logros que indican el estado de realización de un derecho en un determinado contexto.
También resaltó que el trabajo contiene un mapa territorial de las políticas sociales implementadas en Rosario en 2017, con descripción y georreferenciación. “Allí se presenta la descripción de las políticas vinculadas en las temáticas priorizadas por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe: pobreza, vejez, discapacidad, violencia de género y vivienda, y servicios que involucran a diferentes derechos económicos, sociales y culturales, y a la luz de los cuales se realiza la evaluación del estado de avance de las políticas sociales implementadas en Rosario en 2017”, abundó.
Finalmente, el defensor santafesino destacó que se trata de un trabajo propositivo, por lo que enumeró algunas de las recomendaciones que el informe hace a los gobiernos: “Avanzar en la institucionalización del enfoque de derechos en el Estado, profundizar el desarrollo de las capacidades políticas de coordinación, alcanzar una mayor estatalidad territorial para reducir las desigualdades, profundizar el desarrollo de las capacidades técnico-administrativas, incorporar de manera progresiva los principios a las políticas y estructuras, desarrollar capacidades financieras y compromiso presupuestario y recuperar la gobernanza.