El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este martes de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) con el fin de poner en discusión un nuevo régimen tarifario. Durante la audiencia, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Lamberto enfatizó: “No debe autorizarse aumento tarifario alguno, no resulta razonable ni oportuno en esta realidad cualquier nuevo aumento en este y todos los servicios públicos”, y ahondó: “La situación económica impone la necesidad de convocar a un dialogo social como lo sostuvieron los defensores del Pueblo de todo el país reunidos en Adpra, no pudiendo en este contexto tratarse ningún aumento tarifario”.
En cuanto al espacio y utilización de las audiencias públicas, el defensor solicitó “no utilizar las audiencias públicas como un espacio donde dirimir los conflictos entre productores y distribuidores, ya que las audiencias deben tener como único fin el de brindar información a los usuarios y garantizar su derecho de participación”, y agregó: "La negociación privada no constituye información veraz que merezca ser tratada en audiencia pública".
Durante su alocución, también se refirió a la necesidad debatir sobre el valor del gas al Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist): “Creemos que la presente audiencia no resulta suficiente para satisfacer el derecho de información y participación de los usuarios respecto a la formación y regulación del valor del gas Pist”, y señaló la importancia de que “se convoque audiencia pública tendiente a brindar información suficiente a los usuarios respecto al valor del gas en boca de pozo".
En este sentido, reiteró la posición contraria a mantener la dolarización del Pist y señaló: "No obstante la posición contraria expresada debemos preguntar ¿por qué razones se mantiene a 6.80 dólares el valor del MMBTU siendo que aumentó la producción local y finalizó el Plan Gas?"
Con relación a la facturación, Lamberto recordó que “este invierno Enargás dispuso un mecanismo de pago diferido de un porcentaje de las facturas optativo para usuarios”, y señaló: “Creemos que la distribuidora es la que debió proponer en audiencia pública pasada un mecanismo de facturación a consideración de los usuarios, porque ese era uno de los objetos de dicha audiencia, sin embargo, incumplió con ello y en cambio la autoridad de control estableció un sistema sin la participación de los usuarios”.
El defensor también se refirió a la tarifa social para pequeñas y medianas empresas, y reiteró “la necesidad de implementación de un régimen de tarifa social para pymes, en virtud de la importancia que tienen en la economía siendo las mismas una de las mayores fuentes laborales”. De igual modo, se refirió a la tarifa social residencial y solicitó "volver al régimen anterior por el cual se bonificaba el 100 % del valor del gas y extender el beneficio a la tarifa de la distribuidora". Durante su participación, también requirió al “Enargás que resuelva la prohibición del corte de suministro de gas natural por red a aquellos usuarios que se vean imposibilitados de afrontar el pago del mismo”.
Por último, Lamberto reiteró la propuesta de que “se disponga la implementación de una auditoría externa a los fines de que se expida sobre el valor del gas en boca de pozo”, y en relación a la provincia de Santa Fe pidió que “se considere la situación de las subdistribuidoras de manera que puedan contar con un cuadro tarifario similar al de las distribuidoras del país”.