En el marco de una reunión de la que participaron integrantes de la Asociación de Defensores de la República Argentina (Adpra), la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe le solicitó este miércoles al director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Santiago Ibarzábal, que se tomen las medidas necesarias para evitar que, bajo ningún concepto, se suspenda el pago y el inicio de pensiones no contributivas por invalidez mientras se tramita el certificado médico oficial digital (CMOD), el nuevo requisito de la agencia nacional para los beneficiarios de estas pensiones.
Por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe participaron Marcela Calcaterra, la directora General de Asistencia Técnica Ambiental, Salud y Discapacidad, y Facundo Vidal Valls, encargado de Discapacidad de Rosario. Ellos le trasladaron al titular de la Andis consultas recientes de titulares de pensiones que han recibido cartas documento emitidas por ese organismo, a través de las cuales se les exige la presentación del certificado médico oficial digital.
Si bien el director de Andis explicó la implementación del CMOD no implicará gastos ni recursos extras y que agilizará el trámite de las pensiones, desde la defensoría se subrayó que esto implica un cambio importante para todos los sistemas de salud de las diferentes jurisdicciones. Por eso se solicitó flexibilidad a la autoridad nacional, apelando a que intenten asegurarse de que la implementación del nuevo certificado no signifique un perjuicio —siquiera temporal— para los beneficiarios, ya sea corroborando que el sistema funcione a la perfección antes de emitir notificaciones con plazos perentorios o estudiar al menos la posibilidad de prorrogar el plazo de 60 días corridos informados por la notificación y brindar la posibilidad de descargo para el caso en que no pueda cumplimentar el requisito en ese plazo. Todo esto, señalaron, debería estar aclarado en la propia notificación y siempre evitando cualquier interrupción del beneficio.
También se le solicitó al organismo nacional que se agilice la entrega de las pensiones en la provincia, ya que hay aproximadamente 400 gestiones iniciadas en los últimos dos años que todavía no tienen respuesta, y que se resuelvan los inconvenientes para tramitar nuevos beneficios.
Durante otro pasaje del encuentro también se trató la problemática del cierre de los centros de Atención Local (CAL) regionales y las dificultades para comenzar nuevos trámites de pensiones en los últimos meses. El director ejecutivo de Andis se comprometió a reactivar los canales de comunicación con Adpra y a revisar la formulación de las notificaciones.
Por último, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe informa que está a disposición para asesorar a los beneficiarios, y a cualquier ciudadano en general, respecto de cualquier comunicación de la agencia nacional que tenga que ver con la confección del certificado electrónico, y cualquier otra consulta vinculada con la tramitación de pensiones.
PRESENTES
En la reunión, además de los mencionados, estuvieron presentes María América González, defensora del Pueblo adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Alejandro Gorrini, defensor del Pueblo de Lanús y asesores de la defensoría de Caba.