La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra) aprobó en su reciente asamblea, realizada el pasado viernes a través de videoconferencia, un documento —que lleva la firma de su presidente, Alejando Amor— en el cual “expresa su solidaridad hacia los profesionales, trabajadores y trabajadoras de la salud que han sido objeto, en distintos lugares o provincias de todo el país, de actos de discriminación en razón del ejercicio de sus tareas diarias”. Por su parte, la defensoría santafesina, que integra la entidad nacional, hizo extensiva esta declaración a los equipos sanitarios de toda la provincia a través de una carta abierta.
“En el marco de la emergencia sanitaria que como comunidad se está atravesando, y en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, son los y las profesionales de la salud (médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, bioquímicos, farmacéuticos, personal de limpieza y técnicos administrativos, entre otros) quienes se encuentran en la primera línea de lucha contra el virus que ocasiona la actual pandemia, que pone en peligro las vidas de todos y todas y los cimientos mismos de nuestra sociedad”, señala la declaración aprobada por los integrantes de Adpra, cuya función es la promoción de la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
El documento de los defensores y defensoras del Pueblo de todo el país subraya que son los profesionales de la salud “quienes aseguran la atención y contención de aquellas personas que eventualmente necesiten acceder al sistema de salud, colaborando con su actividad a que el resto de la sociedad se mantenga sana y a salvo”. Y, en ese sentido, reflexiona: “Por ello, cualquier práctica que pueda considerarse discriminatoria bajo cualquier forma (escraches, insultos, hostigamientos) resulta irrazonable”.
Finalmente, los y las integrantes de Adpra reafirmaron “el reconocimiento a la dedicación, compromiso y vocación de servicio que todos ellos nos brindan”. Y ofrecieron “públicamente, a través de las distintas defensorías, el acompañamiento de aquellos que se consideren afectados por los mencionados actos”.