El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recomendó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) “no aceptar la propuesta de Litoral Gas en los términos en que se ha formulado” y pidió “la realización de un análisis integral de la propia concesión”. Durante la audiencia pública para fijar las nuevas tarifas de gas natural para la provincia, que se realizó este martes en la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe, el Ombudsman además requirió que se contemple adoptar medidas para mejorar la situación de subdistribuidoras existentes en la provincia de carácter público o cooperativas.
Al tomar la palabra, Lamberto reiteró el pedido que viene realizando en las diferentes audiencias: “Insistimos en que toda programación de cuadros tarifarios, como lo estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Cepis, debe tener presente de manera insoslayable la situación socioeconómica de los usuarios, que la verdadera proporcionalidad, gradualidad y razonabilidad de las tarifas se dará siempre que se tenga en miras las subas de todas las tarifas de los servicios públicos y de los precios generales de la economía y, además, la recuperación de los ingresos del usuario, quien es un solo sujeto que debe afrontar la totalidad de estos gastos”. En ese sentido, pidió que se tenga en cuenta la "relación entre costo de vida y las políticas salariales"
El Defensor del Pueblo recordó que Litoral Gas propuso un incremento promedio del 31 por ciento considerando todas las categorías, “pero con un plan muy reducido de obras dentro del área ya con servicio, que sólo se compromete a realizar con la condición de que se acepte todo lo que la empresa exige”. Y, en ese sentido, señaló que “para concretar otras obras dentro del área con servicio éstas se financien con un cargo fijo de $ 19 para todos los usuarios y que, sólo si se incrementa este cargo a $ 40 por usuario, se realizarían obras de ampliación del área servida”. Asimismo, Litoral Gas pretende una actualización cada 3 meses, con base a la fórmula que la concesionaria propone y no una adecuación cada seis meses (conforme el índice de precios por mayor con el límite, para los usuarios residenciales, del índice que mide salarios) como ha propuesto el Enargás.
Es por ello que el Defensor del Pueblo solicitó que “no sea aceptada la propuesta de Litoral Gas en los términos formulados”. Ya que “la concesionaria pretende obtener financiamiento para realizar obras con el dinero de sus usuarios, siendo que lo correcto es que una empresa privada debe procurarlo por mecanismos propios de un actividad empresarial.
Lamberto criticó además que Litoral Gas pretende, aunque no lo ha incorporado a su pedido actual de aumento, que se le reconozca una remuneración por el capital cedido por terceros (provincia, municipios, fideicomisos), es decir que se trata de redes no realizadas por la concesionaria y que sólo opera. “En definitiva la propuesta de Litoral Gas sería que los clientes le financien las obras para luego percibir ingresos por su operación y también solicitaría que se le abone un reconocimiento por ese capital que no ha sido aportado por la concesionaria”, reseñó para luego agregar: “De la presentación surge que si no se acepta algún término de su propuesta, no sostiene expresamente un compromiso para realizar ninguna obra en particular, lo que luce, inaceptable”.
El Defensor del Pueblo insistió en una propuesta que había ya realizado en la audiencia pública celebrada en la Ciudad de Buenos Aires: “Que las Defensorías puedan actuar como auditores externos en materia de determinación tarifaria” y “que el Enargás se integre con representantes de los consumidores y de las provincias”.
Lamberto también pidió establecer una indemnización mayor a 10 cargos fijos en favor de los usuarios por cortes imputables a la empresa sin aviso previo, en tanto que solicitó que en los casos de cortes por responsabilidad del usuario, “una vez efectuadas las acciones que se le exigen para la restitución (pagos o mejoras), la distribuidora realice las inspecciones, habilitaciones y cualquier otra acción que le corresponda en un plazo mínimo e inmediato”.
El Ombudsman provincial señaló, respecto de la facturación, que aunque la lectura del medidor sea bimestral “se considere incorporar al reglamento el pago de las facturas dividido en cuotas mensuales para los usuarios residenciales en todas sus categorías”. También reclamó que la estimación de consumo sólo se permita “para el caso de fuerza mayor y sea debidamente notificado al usuario”.
Finalmente, recalcó “la necesidad de que se contemple la situación de las subdistribuidoras existentes en la provincia de carácter público o cooperativas, ya que pesan sobre ellas las mismas obligaciones que para las distribuidoras pero sin ningún tipo de asistencia del Estado. Por ello insistimos en que se contemple por parte del Enargás la posibilidad de tomar alguna decisión (disminución de tasas de fiscalización y control percibidas por Enargás, disminución de la tasa de interés a pagar a las distribuidoras, adaptación de tasas pasivas, etc.) que faciliten el servicio prestado por estas”.
Y culminó refiriendo que “la realidad en materia de cumplimiento del contrato de concesión y los cuestionados términos expuestos en la actual revisión tarifaria nos llevan a exponer al Enargás la necesidad de realizar un análisis integral de la propia concesión”. “Por lo expuesto, reiteramos que Enargás no debe aceptar la propuesta de Litoral Gas en los términos que se han formulado, pues de otro modo las tarifas no serán ni accesibles, ni razonables, ni proporcionadas”, concluyó.