El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este jueves de la presentación del libro “Políticas públicas y economía social y solidaria”, que contiene los resultados de una investigación llevada a cabo por Julio Tealdo, Orlando Soto y Julio Lozeco, docentes de la Universidad Nacional del Litoral. Durante el acto, que se realizó de manera virtual a través de Zoom, el defensor afirmó que “la economía social y solidaria es un modelo alternativo al de mercado, que en estos momentos más que nunca profundiza la exclusión de millones de personas y provoca una crisis ambiental, productiva y social a escala planetaria”.
“El enfoque de economía social y solidaria está en plena construcción y pretende generar una nueva economía para una nueva sociedad”, sentenció Lamberto, para luego hacer una breve cronología de cómo se llegó a la presentación, en el marco de un convenio de colaboración mutua suscripto entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional del Litoral, en la figura de su rector, Enrique Mammarella.
En ese sentido, recordó que los defensores del Pueblo de los países de América, reunidos en dos ocasiones, en México y en Quito, Ecuador, asumieron el rol de monitorear el cumplimiento de las políticas públicas que asumieron los Estados en el cumplimiento de la Agenda 2030, de la ONU. “En ese marco los países se comprometieron a llevar adelante los objetivos del milenio (ODS), que entre sus 17 postulados fijan la movilización de los recursos internos y la financiación innovadora, temas que son inherentes a la economía social y solidaria, a la que nos estamos refiriendo”, agregó Raúl Lamberto.
A su turno, el licenciado Julio Tealdo, uno de los integrantes del equipo de investigación del libro presentado, agradeció la labor de los docentes y estudiantes de la Cátedra de Economía Social y comenzó contextualizando el lugar y el momento en el que se hizo el estudio, que abarca al aglomerado del gran Santa Fe en el período 2016/2017, con una perspectiva de derechos humanos. “En la aplicación de las políticas públicas en materia de promoción de la economía social y solidaria apreciamos que la ciudad de Santa Fe tiene un mayor desarrollo respecto a las localidades que integran el aglomerado como son Recreo, Monte Vera, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón, que en su conjunto reúnen a más de 500 mil habitantes”, describió Tealdo.
“Para hacer un abordaje integral de la economía social y solidaria, debemos tener una concepción multidimensional, ya que esta tiene como característica un cambio de valores para una nueva sociedad. En ese sentido, nosotros agregamos a la tradicional enumeración de los factores económicos la solidaridad social”, agregó el docente, que enumeró la necesidad de establecer la agenda de políticas participativas, conocer la lógica de la economía social y solidaria, no considerarla como un subsistema.
“El entramado productivo del sector abarca a pymes, mipymes, emprendedores, entre otros que aparecen separados, por lo que entiendo que hay que encadenarlos para su fortalecimiento”, añadió Tealdo. Y, más adelante, recomendó crear “espacios interinstitucionales de coordinación, conocer el territorio para que las políticas públicas sean más integrales, porque uno de los problemas apreciados es que las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos tienen dificultades en el acceso a ellas”.
Posteriormente, el doctor Julio César Lozeco hizo un análisis de los distintos programas nacionales y provinciales aplicados en el aglomerado del gran Santa Fe en el período que va entre 2016 y 2017, sus características y alcances. “El Plan Abre y la promoción del emprendedurismo se apuntan como programas efectivos e integrales de promoción de la economía social solidaria”, afirmó Lozeco al repasar las iniciativas locales aplicadas en el territorio santafesino.
El cierre estuvo a cargo del defensor del Pueblo adjunto para la zona norte, Jorge Henn, quien ponderó la sinergia creada entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral y el compromiso de la institución de monitorear las políticas públicas referidas a la economía social y solidaria, como así también a su promoción.