La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, al igual que los defensores y defensoras de la República Argentina reunidos en ADPRA, expresó su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar un amplio compendio de legislación vigente. En este contexto, delineó una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, tales como el monitoreo constante de éstos, el Fortalecimiento de las vías de atención, en caso de ser necesario, y la interrelación con otros organismos protectores y de contralor.
El carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen.
Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29.
En ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones económicas, políticas y sociales en nuestro país.
En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de contralor, promoviendo y protegiendo las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.
Acciones de la Defensoría del Pueblo a la provincia
En este contexto, la Defensoría del Pueblo santafesina estableció una serie de acciones para garantizar los derechos de las personas. En primer lugar, informar a través de diferentes vías sobre los cambios introducidos por el DNU y cómo afectan sus derechos y responsabilidades. Además, proporcionar información clara y accesible sobre los servicios que la Defensoría del Pueblo ofrece en relación con las nuevas situaciones.
Al mismo tiempo, se dispuso, en caso de que sea necesario por un incremento en la demanda, reforzar la atención ciudadana para dar respuesta a las consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con los cambios introducidos por el DNU. También brindar asesoramiento jurídico especializado y fortalecer las áreas específicas para abordar los aspectos legales y derechos afectados por el Decreto y crear equipos o áreas específicas para abordar consultas relacionadas con temas particulares del decreto, como alquileres, tarjetas de crédito, empleo, entre otros.
Asimismo, la institución ya se encuentra realizando un monitoreo constante de la situación para identificar tendencias, áreas críticas y posibles violaciones a derechos. A partir de la información recopilada se elaborarán informes y recomendaciones que puedan ser presentados a las autoridades pertinentes.
Entre los objetivos también está establecer colaboraciones con otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales que estén involucrados en la implementación o supervisión de las medidas del DNU.
La Defensoría del Pueblo se propuso realizar campañas de promoción de derechos para empoderar a la población sobre sus derechos en el marco de las nuevas regulaciones y canalizar casos que requieran intervención legal o mediación a través de los mecanismos correspondientes, como tribunales, organismos gubernamentales o servicios de mediación.
Y, finalmente, participar activamente en debates públicos, audiencias y consultas que se realicen sobre el impacto del DNU, proporcionando una perspectiva basada en los derechos del ciudadano.