El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino participó este jueves de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para la redeterminación de la estructura de subsidios vigente para los servicios de gas y energía eléctrica.
Durante su exposición, a través de videoconferencia, Savino remarcó que “las audiencias públicas son una exigencia, un requisito necesario, previo y obligatorio a toda modificación de tarifa de los servicios públicos esenciales como se viene desarrollando desde el 2016”. En ese contexto, expresó su preocupación por el poco tiempo para la exposición de argumentos y la falta de información certera sobre la estructura de subsidios propuestas y los costos finales.
“Da la sensación que todo es adrede, que son más los obstáculos y las imposibilidades prácticas para acceder a estos subsidios que los beneficios futuros que pueda brindarles a los sectores denominados vulnerables”, evaluó el defensor santafesino.
En ese sentido, Savino añadió: “Tenemos la obligación como instituciones protectoras de derechos de estar presentes y hacernos escuchar, ya que una tarifa para ser jurídicamente incontrovertible se debe desglosar para darle transparencia, y a su vez, considerar también las opiniones de los usuarios y de las instituciones como las nuestras y reunir requisitos de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y certeza que hasta ahora no han podido justificar”.
Por último, el defensor santafesino consideró que “el objeto de esta audiencia pública es incompleto, ya que se omite una parte esencial en la conformación de las tarifas consistente y en formación real sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y tampoco se tiene la certeza sobre el precio estacional en el mercado mayorista eléctrico”.
“En definitiva, creo que a estas audiencias públicas hay que darles un sinceramiento. Porque lamentablemente en 5 minutos de exposición, lamentablemente, las instituciones que velan por derechos y representan a miles y miles de usuarios, de ciudadanos y ciudadanas de las localidades de la Argentina no se pueden expresar. Y eso atenta contra el sistema democrático”, cerró Savino.